Renuncias traslativas de herencia: ¿falsas renuncias?.

Renuncias traslativas de herencia: ¿falsas renuncias?.

Casos de verdadera renuncia y casos de aceptación

  Traslación a favor persona/s determinada/s

  Propiciación de la prescripción extintiva del impuesto de sucesiones y donaciones

  Ninguneo de la aceptación de la donación

  Aceptación de la donación en instancia privada

  Instancia privada, incluso para liquidar la comunidad postganancial

  Renuncia traslativa onerosa

 Casos de verdadera renuncia y casos de aceptación:

 Hay renuncias de herencias que parecen tales, pero, en realidad, son otra cosa. Y me refiero a las que son otra cosa en Derecho, dejando fuera las extrajurídicas, de mero alcance simbólico, moral, político, etc, como la de un rey que dice ante notario -espero que en acta de manifestaciones, que no en escritura- repudiar la herencia de su padre, el anterior rey, para así desmarcarse de la ignominia de éste ante la ciudadanía, acto inane en Derecho común, en que, (art. 991 del Código civil, Cc), nadie puede repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien hay de heredar; ni siquiera si pacta el non sucedendo con el monarca antecesor (art. 1271.2 Cc).

 Las renuncias a derechos, según se estudia en la Parte General del Derecho civil, obedecen a tres tipos distintos: la preventiva, la abdicativa y la traslativa, aunque, en mi opinión, sólo hay dos especies: las dos primeras. La preventiva evita la adquisición del derecho; es el caso de la renuncia a la herencia en el Derecho español común (sistema romano de adquisición); el renunciante nunca llega a adquirir. La abdicativa supone desadquirir, y es la propia de la repudiación del legado en el mismo Derecho (sistema germánico de adquisición). Mientras que la traslativa, por ejemplo, de herencia, si es propiamente tal (a favor de persona no llamada naturalmente al derecho en caso de verdadera renuncia) no entraña cabalmente renuncia, sino todo lo contrario: aceptación (el mundo al revés), más transmisión del derecho adquirido.

  En efecto, cuando se formalizan las renuncias a la herencia en favor de persona/s determinada/s en escritura de otro notario, y te topas con la copia autorizada, en seguida te resultan sospechosas: tras hacer las averiguaciones pertinentes con el cliente, descubres que unas, en efecto, implican renuncias verdaderas, mientras que otras, bajo la apariencia de renuncias, encubren aceptaciones y un negocio traslativo subsiguiente (donación, venta, etc). Ello según una casuística, que, a mi entender, va más lejos de la que dispone el Cc en su artículo 1000, y el Ccat en su art. 461-5, y cuya enumeración no es fácil de agotar.

  Hay que tener en cuenta, antes de pasar a los casos concretos, que la doctrina señala que, si heres non herit por repudiación, entonces entran en juego, por este orden, 1º, la sustitución vulgar, 2º, el acrecimiento, y 3º, la sucesión intestada. El 1000.3º Cc únicamente se refiere al supuesto 2º, el del 982.2º Cc, si bien no parece que la mens legis sea la de ceñirlo únicamente al mismo (al acrecimiento); más bien parece que la ley lo menciona sólo a título de ejemplo, y sin ánimo exhaustivo, por lo que cabe entender su sanción a los demás supuestos que se desencadenan con motivo de la renuncia.

  La clave se halla en el art. 999.3 Cc, que define la aceptación tácita como la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero: pues bien, para destinar la herencia o la porción de herencia a que soy llamado a persona distinta de mi suplente/s natural/es, o en proporción distinta, o por precio, ejerzo una soberanía sobre el llamamiento que es inconcebible sin tener ya la condición de heredero.

 La prueba del algodón consiste en comprobar si, haciendo solamente la renuncia (sin ser ésta traslativa, sin expresar los efectos de la renuncia, ni a quien beneficia), la ley llama, a continuación, a heredar o no cabalmente a la misma persona/s a cuyo favor se haga la renuncia y, en caso de varias personas, en la misma proporción. Si la respuesta es negativa, estamos ante toda una aceptación; sólo si es positiva la respuesta, existe verdadera renuncia, siempre, claro está, que el o los beneficiarios no hayan de pagar precio por la renuncia (ésta ha de ser gratuita). Luego, en caso de verdadera renuncia, huelga hacerla traslativa: ya sabrá el operador jurídico (notario, registrador, juez, etc) a quién o quiénes beneficia la renuncia (da mihi factum, dabo tibi ius), sin necesidad de explicitarlo el veraz renunciante en la renuncia. Es, por ello, que, cuando se explicita, hemos de maliciarnos de que lo más probable es que la renuncia implique aceptación, más donación o venta, que no verdadera renuncia (sedicente el renunciante).

 Así, entiéndese aceptada la herencia, nos dice el Cc, cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o más de los coherederos (1000.2º Cc); y cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistintamente (1000.3º Cc, primer inciso); pero (1000.3º, segundo inciso) no se entenderá aceptada la herencia (sino verdaderamente repudiada) si esta renuncia fuera gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga sean aquellos a quienes debe acrecer la porción renunciada.

  Si bien, puede y debe extenderse -la regla de que vale como verdadera renuncia- a otros supuestos no contemplados por el Cc, como son la renuncia que se hace a favor del sustituto vulgar (siempre que el testamento de la sustitución contemple la repudiación como casus operandi, art. 774 Cc), o la que, no procediendo la sustitución vulgar, ni el acrecimiento, se hace a favor del siguiente grado de llamados a la sucesión intestada (v.gr., cuando renuncian todos los hijos a favor de los nietos, 923 Cc), o favor del siguiente orden de sucesión intestada (pej, a la favor de la viuda, por no haber otros descendientes, ni haber ascendientes, art. 944 Cc).

 El art. 461-5 del Código civil catalán, Cccat escoge también (como el 1000.3º Cc) únicamente la cesión gratuita en favor de los coherederos como ejemplo de verdadera renuncia, que no aceptación tácita, aunque añade 1º, que tal cesión es equiparable a la donación (así que describe la trayectoria completa, los dos actos implicados, sin quedarse sólo en el primero, a diferencia del Cc); y 2º, que, si la cesión es a favor de todos los coherederos, pero en porciones distintas a las que serían llamados naturalmente, habrá aceptación tácita.

  En tal, supuesto, a mi entender, tampoco hay verdadera renuncia, sino aceptación, en el Derecho común, aunque el Cc no lo explicite, como ya indiqué antes. Y tanto en el Derecho común, como en el catalán, hay aceptación tácita, que no verdadera renuncia, si se renuncia a favor de todos los acrescentes, habiendo sustituto vulgar (que vimos que tiene preferencia). O si se repudia en favor de uno solo, o varios, que no todos, de los varios sustitutos. O si se renuncia a favor de los intestados, habiendo sustituto vulgar o acrecimiento (saltándose la cola). O se renuncia a favor de uno o varios, que no todos, los llamados abintestato.

  Y lo mismo procede predicar del legatario que renuncia a favor de persona/s determinada/s. Aquí se ha tener en cuenta la prelación de llamamientos sucesivos que explicita magistralmente el art. 888 Cc, por el que, cuando el legatario no quiera admitir el legado, se refundirá (el legado) en la masa de la herencia, fuera de los casos de sustitución y derecho de acrecer. Parece que se han de aplicar los mismos arts antes vistos, 999 y 1000 Cc, previstos para el llamamiento a título de heredero, analógicamente al llamamiento a título de legatario. Y así, v.gr., si el legatario renuncia por precio en favor de quien sea; o lo hace gratuitamente en favor de uno solo o varios, que no todos los herederos, o, a favor de todos los herederos pero saltándose al sustituto vulgar y/o al acrescente llamados preferentemente; o si renuncia a favor de los acrescentes, mediando sustitución vulgar, etc, entonces habrá aceptación tácita de la manda, y no verdadera repudiación (aunque conviene recordar que, paradójicamente, y técnicamente, toda aceptación de legado, en Derecho común, implica renuncia a la facultad de repudiar, y la repudiación verdadera produce la desadquisición de la cosa legada, adquirida ipso iure al fallecer el causante).

 Pues bien, me pregunto si todos los notarios, ora cuando escrituramos la típica renuncia de hijos a la herencia del padre a favor de la madre, ora cuando nos llega la copia de una escritura con dicha repudiación con motivo de otro otorgamiento que presupone dicha renuncia, indagamos si la herencia es testada o intestada, si la testada contempla sustitución vulgar para el caso de renuncia, o si, en la intestada, hay llamados con preferencia a la viuda -como los citados nietos o ascendientes. De no hacerlo, puede suceder que ni los renunciantes, ni la persona a cuyo favor se renuncia, ni el notario tengan la certeza de si la supuesta renuncia es verdadera renuncia, o todo lo contrario: aceptación más traslación. Sencillamente no cuentan con los mimbres para hacer ese cesto. Hay opacidad al respecto. Y las escrituras que me suelo encontrar son lacónicas: los supuestos renunciantes se limitan a manifestar que renuncian a la herencia, testada o intestada, cualquiera que sea la herencia, en favor de cierta/s persona/s. No se desgranan los hechos que llevan a la convicción de estar de veras renunciando, no se fija la cuantía del derecho al que se «renuncia», ni suele unirse al cuerpo de la escritura las partidas de defunción y de Últimas Voluntades, la copia autorizada del testamento o de la declaración de herederos intestados, y esta última suele no estar ni siquiera hecha, judicial o notarialmente, pues, en ocasiones, es tal el desinterés por heredar de los «renunciantes» que lo último en lo que piensan es en gastarse dinero y desplegar esfuerzo alguno en promover la previa declaración notarial de herederos. En suma, no es sólo que se incumpla el 991 Cc, que exige al aceptante o renunciante tener la certeza de su derecho a heredar, sino que ni siquiera sabe el declarante (ni el notario) si está en verdad renunciando, o todo lo contrario.

  Es más, cuando de aceptación se trata, la misma, además de tácita, es pura y simple, que no a beneficio de inventario, con la consiguiente responsabilidad ultra vires del art. 1003 Cc del sedicente renunciante, cuando sea el Cc español, el Derecho común, la ley aplicable a la sucesión (hay Derechos sucesorios forales que establecen limitación de responsabilidad por las deudas hereditarias, unos de tipo pro viribus y otros incluso cum viribus). La opacidad antes apuntada banaliza el acto jurídico a escriturar, y acarrea dejar de advertir al declarante, cuando menos, de la posibilidad (si es que está aún en plazo) de aceptar con dicho beneficio de inventario para así limitar la responsabilidad por las deudas del causante. Si no se indaga siquiera en cuál sea la ley sucesoria del caso, se actúa en abstracto, como si de autorizar un acta de manifestaciones se tratase, sin control alguno de legalidad, y con la resulta de que la pretendida renuncia constituye toda una aceptación, con la que habrán de bregar los operadores jurídicos ulteriores que trabajen con la escritura de «renuncia».

 El párrafo anterior se refiere a los acreedores de la herencia, pero ¿qué pasa con los acreedores personales del heredero o coheredero «renunciantes»?. Si la renuncia no es tal, sino aceptación, y si va seguida de donación, entonces, hay contrato de enajenación de bienes a título gratuito, que el 1297.1º Cc presume celebrado en fraude de acreedores, y por ello, con el 1291.3º, resulta rescindible cuando los acreedores no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba, después de haber perseguido los bienes del deudor para cobrar; la acción de impugnación es la pauliana del art. 1111 Cc, también llamada rescisoria o revocatoria, que dura cuatro años (1299 Cc).  En cambio, si la renuncia es verdaderamente tal, y se hace -no en fraude sino- en perjuicio de los propios acreedores del renunciante, éstos, con el art. 1001 Cc, pueden pedir al Juez que los autorice para aceptar la herencia en nombre de aquél, con acción cuya naturaleza la doctrina no coincide en determinar: si revocatoria, si subrogatoria del 1111 Cc, si sui generis.

 Puede acontecer, pues, que, una renuncia verdaderamente tal pueda, a consecuencia de la autorización judicial del 1001 Cc, y a instancia de los acreedores del renunciante, terminar siendo toda ella una aceptación de herencia (si todo el activo renunciado es preciso para evitar el perjuicio de tales acreedores); o bien, como expone el párrafo segundo de dicho artículo, acabar siendo aceptación parcial (en la parte necesaria para dicha evitación) y renuncia parcial (en cuanto a la demasía) a la vez (pero, ¿acaso no prohíbe el 990 Cc la parcialidad?). Lo que no parece que suceda es que la aceptación, sea total, sea parcial, y aunque no se haya hecho a beneficio de inventario, permita a los acreedores de la herencia ir ultra vires -contra los bienes personales del «renunciante»- (no rige aquí el 1003 Cc), ni que los efectos de la aceptación forzada se retrotraigan al momento de la muerte del causante (tampoco se aplica aquí el 989 Cc).

 Traslación a favor persona/s determinada/s.

 Además, las renuncias que no son tales, sino aceptaciones, al hacerse en favor de persona/s determinada/s, no se quedan ahí, no sólo implican aceptar la herencia, sino que la trasmiten (entera, si el supuesto renunciante es heredero único, o el derecho hereditario in abstracto, de ser varios los herederos) al beneficiario de la falsa renuncia. Es decir, comporta un nuevo y segundo acto jurídico, de traslación, la cual ha de estar debidamente causalizada: no cabe la abstracción causal en el sistema español de transmisión de derechos. Tampoco aquí suelen estirarse -a este extremo de la cuestión- las escrituras de falsas renuncias, dando la callada -sobre la causa- por respuesta. La mayoría de los casos se renuncia a cambio de nada, y los operadores ulteriores parece que hemos de presumir que hay, en tales supuestos, liberalidad –causa donandi– del sedicente renunciante para con el beneficiario, es decir, donación.

  Así el art. 28.2 Ley 19/1987 del impuesto de sucesiones y donaciones (LISD) establece que «en los demás casos de renuncia en favor de persona determinada, se exigirá el impuesto al renunciante«, refiriéndose al impuesto de sucesiones (IS, a cargo del renunciante), y añade que «sin perjuicio de lo que deba liquidarse, además, por la cesión o donación de la parte renunciada«, es decir, que devenga asimismo el impuesto de donaciones (ID, a cargo del beneficiario). Así vemos cómo la ley tributaria (LISD) es más completa que la ley civil (Cc), pues éste, miope, en el art. 1000.2º, tan sólo alude al primero de los dos actos jurídicos realizados, la aceptación de la herencia, sin explicitar el segundo y consecuente, la donación, pese a darse ambos no solo en el plano fiscal (adjetivo) sino también en el plano civil (sustantivo).

 A diferencia de lo que sucede cuando la repudiación se hace después de prescrito el impuesto correspondiente a la herencia, en que, con el art. 28.3 LISD, se reputará a efectos fiscales como donación, que no a efectos civiles, añado yo, para los que es indiferente el tiempo en que se haga la renuncia. Por lo que me parece un abuso del legislador tributario que, en su avidez por recaudar siempre y en todo caso, ya sea por el impuesto de sucesiones, ya por el de donaciones, establezca dicho hecho imponible de ID, donde sustantivamente en absoluto hay liberalidad, por ejemplo, en la renuncia pura, simple y gratuita, a los diez años de la apertura de la sucesión, a favor de todos los demás coherederos, sin existir sustitución vulgar para caso de renuncia.

  Es más, aunque haya transcurrido, incluso, el plazo de prescripción de la actio petitio hereditatis,  por ejemplo, más de treinta años de la defunción del causante, pienso que la renuncia a la herencia -por parte del llamado- a favor de los citados demás coherederos, no habiendo sustitución vulgar para la renuncia, tampoco constituye aceptación por el renunciante, más donación, sino mero acrecimiento (fenómeno solo sucesorio), pues, la prescripción 1º, no extingue sino la acción (y tan sólo si la opone, como excepción, el demandado), que no la cualidad de heredero, la cual no se transmite al donatario (semel heres, semper heres), 2º, ni extingue la facultad para ceder el derecho hereditario, si bien el demandado puede oponer dicha excepción al donatario, igual que pudo hacerlo contra el donante.

  Propiciación de la prescripción extintiva del impuesto de sucesiones y donaciones:

  Y ya que estamos hablando del ámbito fiscal y de prescripción extintiva, parece que no nos percatamos los notarios de que podemos causar un daño patrimonial importante a las Haciendas autonómicas, cuando escrituramos toda renuncia traslativa a una herencia como tal renuncia, colaboramos al encubrimiento, en caso de no ser verdadera renuncia, no solo de la adquisición hereditaria (cuando la renuncia sea realmente la aceptación de la herencia), sino también de la donación (no menos oculta) del derecho hereditario (in abstracto, en caso de varios coherederos) a la persona a favor de la que se «renuncia».

 Y es que parece que la fecha de otorgamiento de la escritura de la falsaria renuncia servirá a los sujetos pasivos concernidos como dies a quo del plazo de prescripción extintiva del derecho de las Administraciones afectadas a exigir el pago tanto del impuesto de sucesiones por la herencia como del impuesto de donaciones por la donación, de suerte que la aceptante y la parte  donataria tienen bien fácil meter la escritura en un cajón, y desempolvarla, pej, a los cinco años, invocando a su favor dicha prescripción. De la adquisición de la herencia es competente la Comunidad Autónoma (CA) del último domicilio del causante; y de la donación depende el contenido mayoritario de dicho derecho hereditario: si solo es dinero, la CA del domicilio de la donataria; y si es solo un inmueble, la CA de situación, que puede diferir de la CA de la herencia.

 Pues bien, en tal caso (de aceptación herencial más donación), el responsable de propiciar tal prescripción que permite no eludir sino evadir (fraude) al Fisco será sin duda el notario autorizante de la escritura, que, al introducir datos para el Índice único informatizado de la quincena correspondiente, habrá informado de la existencia de una supuesta renuncia de herencia, que no de la adquisición herencial, ni de la donación que, según los casos, puede entrañar tal renuncia.

 Ello a pesar de que el art. 32.2 Ley ISD establece que los notarios estarán obligados a remitir, dentro de la primera quincena de cada trimestre (en la práctica, remitimos quincenalmente), relación o índice comprensivo de todos los documentos autorizados…que se refieran a actos o contratos que pudieran dar lugar a los incrementos patrimoniales que constituyen el hecho imponible del impuesto, así como de los documentos privados que les hayan sido presentados para su conocimiento o legitimación de firmas (pues la fecha del documento coincide con la de la legitimación notarial, en punto a la fehaciencia, conforme al art. 1227 Cc). Parece que los Cónsules españoles, que ejercen funciones notariales en el exterior, están sujetos al mismo deber de remisión y lo cumplen. No así los notarios extranjeros, por lo que, respecto de sus escrituras, el plazo de prescripción se computa desde la fecha de presentación ante cualquier Administración española, como dispone el art. 50.3º de la Ley del Impuesto de transmisiones (LITP), para el caso de transmisiones onerosas.

 Así que lo que se dice en algún chat notarial de que, con las renuncias traslativas, no estamos ante problemas de Derecho Civil sino sólo de Derecho Fiscal, aparte de no ser verdad del todo (los hay sustantivos: ya vimos que civilmente puede haber aceptación de herencia y donación), no deja de ser cierto, pero no del modo que imaginan los participantes en el chat: no que sean problemas solamente para los sujetos pasivos que, en su caso, heredan y donan, o reciben por donación y han de pagar el ISD, sino que lo son también para los notarios.

  Y es que, con el art. 17.3 Ley del Notariado (LNot), «el notario deberá velar por la más estricta veracidad de dichos índices, así como por su correspondencia con los documentos públicos autorizados o intervenidos, y será responsable de cualquier discrepancia entre aquellos y estos, así como del incumplimiento de sus plazos de remisión«.

  El art. 43.dos Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, al instituir el régimen disciplinario de los notarios y en el apartado 2.A.b, considera infracción muy grave «las conductas que hayan acarreado sanción administrativa, en resolución firme, por infracción grave de disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales» o «tributaria«. Y en el apartado 2.B.a considera infracción grave «las conductas que hayan acarreado sanción administrativa, en resolución firme, por infracción de disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales» o «tributaria«.

 Y es que «los notarios, en su consideración de funcionarios públicos, deberán velar por la regularidad no solo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autoricen o intervengan, por lo que están sujetos a un deber especial de colaboración con las autoridades judiciales y administrativas«, conforme al art. 24.2 LNot, introducido, precisamente, por una ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, la Ley 36/2006.

  Recuerdo que una compañera me defendió la licitud de la escrituración de la renuncia a la herencia del padre por los hijos en favor de la madre, como tal renuncia traslativa, aduciendo el peregrino argumento de que hasta el Cc (art. 1000.3º) contempla la renuncia a favor de alguien hecha por el llamado a la herencia, lo que, a su curioso modo de ver, nos exime a los notarios de levantar el velo y explicitar aceptación hereditaria, más donación del derecho hereditario pueda comportar.

  El Registrador de la propiedad, por su parte, para inscribir la adquisición de un inmueble o derecho real inmobiliario a favor del beneficiario de la supuesta renuncia, debe, conforme al genérico (para todo tributo) art. 254 Ley Hipotecaria (LHip), exigir la acreditación (modelo 650) del pago del Impuesto de sucesiones (IS) por la adquisición por el renunciante y (modelo 651) del pago del Impuesto de donaciones (ID) por la donación, si es el caso de falsa renuncia, que encubre aceptación hereditaria más donación. Para comprobar la debida liquidación de tales tributos, debería figurar en la escritura de falsa renuncia la cuantía de lo heredado y donado, dato que, como ya se dijo, sin embargo, se suele omitir en tales instrumentos, por lo que habrá de constar en los citados modelos tributarios, al menos.

 En línea con dicho artículo de la LHip, el específico (para el ISD) art. 100.2 del Real Decreto 1629/1991, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto de sucesiones y donaciones (RISD), establece que «los Registros de la propiedad, mercantiles y de la propiedad industrial» (y cabría añadir el de Bienes Muebles), «no admitirán para su inscripción o anotación ningún documento que contenga acto o contrato del que resulte  la adquisición de un incremento a título lucrativo, sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o, en su caso, la declaración de exención o no sujeción, o la presentación de aquél ante los órganos competentes para su liquidación«.

   Ninguneo de la aceptación de la donación:

  Uno de los riesgos de la escritura de falsa renuncia que encubre aceptación de la herencia más donación, es que la donación se queda en oferta (de donación), esto es, sin aceptar. Me he topado con escritura por la que los dos hijos del causante llamados a heredarle por testamento «renuncian» a la herencia del padre en favor de la madre, escritura de años atrás en la que no comparece la madre, pese a que el notario, en un rapto de realismo, advierte expresamente de la que la renuncia implica una donación, para cuyo impuesto (de donaciones) se acogen los renunciantes (los donantes) a la bonificación fiscal propia de las donaciones de hijos a madre, citando incluso el artículo aplicable de la ley autonómica de tributos correspondiente.

  Y es que, en efecto, la donación (encubierta), por lo general, no es aceptada en la propia escritura de «renuncia»: siendo la renuncia (si fuera verdadera renuncia, claro está, aunque no lo es) una declaración unilateral e incluso no recepticia de parte del o los sedicentes renunciantes, no suele intervenir  la persona a cuyo favor de renuncia a la herencia; el notario autorizante de la escritura de dicho acto suele ser coherente con la apariencia de renuncia y no exige la comparecencia del beneficiario de la «renuncia» para aceptar el beneficio que se le defiere con motivo de la misma. Así que la donación que la «renuncia» encubre se queda coja, sin aceptación. «Renunciante» y notario parecen no percatarse de algo tan elemental como que la donación es liberalidad en favor de persona, que la acepta (art. 618 Cc), que se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario (art. 623 Cc), y no obliga al donante ni produce efecto sino desde la aceptación (art. 629 Cc); y el civilista Lalaguna entiende que la donación es perfecta desde la aceptación, si bien la puede revocar el donante hasta el momento en que llega a su conocimiento la aceptación por el donatario. Invito beneficium non datur.

  Pues bien, puede suceder que el beneficiario, dejando correr el tiempo, sobrevenga discapacitado mental tras la falsa renuncia, y ya no pueda por sí mismo aceptar la donación encubierta sin el debido apoyo, que, de ser la discapacidad grave, habrá de ser no meramente asistencial sino representativo, lo cual problematiza la cuestión aún más si no cuenta -el beneficiario- con medida de apoyo constituida, como puede ser un curador, o un apoderado preventivo. Ello, aunque, ciertamente, a la aceptación del beneficio, como la de toda donación, le basta con que el beneficiario disfrute de capacidad natural para entender y querer el bien o bienes que se le ofrece adquirir (art. 626 Cc, por el que un menor de edad puede estar capacitado para aceptar una donación pura por sí mismo).

  Pero es que otro de los peligros de la «renuncia» traslativa, este peligro más grave que el anterior, estriba en que puede el beneficiario dejar pasar los días de su vida sin haber aceptado el beneficio a él ofrecido en la escritura de aquélla, entre otras cosas, porque la aparente renuncia no es, como vimos antes, recepticia y, por ende, cabe que aquél ignore por completo el ofrecimiento que se le ha hecho. Un servidor se ha encontrado, en la práctica del despacho, con un caso de las dos hijas del causante que, en escritura, «renuncian» a la herencia del padre en favor de la madre, y ésta fallece sin haber aceptado. En el supuesto al que me refiero, el título sucesorio era un testamento con institución de heredero a favor de las hijas y sustitución vulgar a favor de las estirpes de descendientes de éstas, incluso para caso de renuncia, y las hijas tenían, a su vez, hijos (nietos del causante) al tiempo de abrirse la sucesión del padre.

  A mi entender, no es dable ya (fallecido el beneficiario sin aceptar el beneficio) que la aceptación sea realizada por los herederos de la persona beneficiaria; con la defunción de ésta, precluye la posibilidad de la aceptación del beneficio, porque, para la aceptación de una donación, el donatario puede servirse de representante (legal o voluntario, como un apoderado general, v.gr.), que no de causahabiente por causa de muerte, por muy continuador de su personalidad que se dice constituye el heredero/s. Igual que la aceptación de la donación ha de hacerse en vida del donante (art. 633.2 Cc para la donación inmobiliaria), también ha de hacerse en vida del donatario. Al abrirse la sucesión de una persona, ya no cabe añadir bienes y derechos al activo relicto, que no hubiese adquirido en vida el causante. Los herederos de la madre de mi caso no podían aceptar la donación deferida a la causante, ni habría retroacción posible de la aceptación realizada por las causahabientes hasta el momento de la donación (la «renuncia»), por lo que las hijas «renunciantes» se quedaban como herederas de su padre, al haber protagonizado, con su «renuncia» la aceptación (tácita y encubierta) de la herencia del progenitor varón, sin haber logrado la intentada cesión de sus derechos hereditarios abstractos a la madre de las «renunciantes» vía donación, cuya oferta quedó sin aceptar, en vía muerta. Pretendieron, pues, las «renunciantes» renunciar y donar, pero no lograron ninguna de las dos cosas, ya que aceptaron (y así heredaron a su padre) y permaneció en ellas la herencia del padre. Se quedaron a mitad de camino.

 A menos que se sostenga que lo que quisieron hacer las «renunciantes», con su «renuncia» traslativa, era un todo, de suerte que, al no conseguirse plenamente (al no consumarse la donación pretendida), se demuestra que tampoco llegaron nunca a aceptar la herencia del causante (el padre, en mi caso); no entró en juego el 1000.3º Cc, por cuanto que no tuvieron verdadera intención de aceptar, sino que, de veras, la repudiaron, y así, no alcanzaron la cualidad de herederas del padre, cuya herencia sigue en busca de quien la acepte (sustitutos vulgares, coherederos acrescentes, llamados a la intestada, según los casos), de momento en tierra de nadie. Como vemos, todo son dudas cuando las cosas se hacen mal (se escritura notarialmente una supuesta renuncia traslativa).

  Nadie -según creo- defenderá que la perfección de la donación encubierta so capa de renuncia traslativa de herencia no precise de aceptación del beneficiario, a diferencia de lo que acontece con la condonación de deuda, sobre la cual se discute en la doctrina si a) supone mera renuncia a un derecho subjetivo (de crédito), que es acto unilateral y no recepticio del acreedor, o bien b), cuando hay ánimo de liberalidad, entraña una donación, y, por ende, ha de ser aceptada (negocio bilateral) por el deudor beneficiario de la condonación.

    Y un tercer peligro se cifra en si la aceptación de la donación (su formalización) se demora hasta el punto de hacerse ya fallecido el «renunciante» o uno de ellos: ya vimos que la donación inmobiliaria ha de hacerse en vida del donante (art. 633.2 Cc antes citado), pero ¿y si el activo de la herencia «renunciada» se compone sólo de dinero u otros bienes muebles, sin mezcla de inmueble alguno?. El art. 632 Cc, al regular la donación de cosa mueble, establece, respecto de la hecha sin la entrega simultánea de la cosa donada sino por escrito, que deberá constar en la misma forma (escrita) la aceptación, si bien no explicita que el segundo escrito haya de firmarse en vida del donante o de todos los donantes, de ser varios. Si el escrito de aceptación, sea privado o público el escrito de la oferta, consiste en una escritura pública, su otorgamiento hará fe de la fecha de la aceptación (art. 1218 Cc); no así si se formaliza en documento privado sino cuando y desde que se dé alguna de las circunstancias del 1227 Cc. No obstante, con independencia de la cuestión probatoria (adjetiva), sigue en pie la sustantiva de si, acreditada la premoriencia del «renunciante»/donante o de uno de los varios ídem respecto de la aceptación por el beneficiario de la «renuncia» a la herencia íntegramente mobiliaria, no ha llegado a haber donación en Derecho común, o todo lo contrario.

  Aceptación de la donación en instancia privada:

  Otro de los riesgos de la escrituración notarial de la falsa renuncia traslativa y gratuita de herencia sin concurrir al otorgamiento el donatario para aceptar la donación consiste en que se tienta así al donatario, si queda como aparente heredero único, a acudir a la instancia privada del art. 79 RHip para inscribir en los Registros de la propiedad de las fincas de la herencia su adquisición como si fuera adquisición hereditaria cuando realmente es adquisición por donación. Testigo soy de demasiadas notas registrales en que consta el beneficiario de la renuncia como titular registral de inmuebles por herencia (título material) y en virtud de mera instancia (título formal), el primero falso y el segundo inadecuado para inscribir.

 El Registrador Antonio Manuel Oliva Izquierdo, en esta misma web, publica el artículo titulado «la instancia de heredero único: la gran desconocida del Derecho sucesorio«, en el que, con todo, no analiza el caso del cesionario de derecho hereditario (el viudo, pongamos), ni tampoco el más peliagudo de cesionario de dicho derecho cuando el cedente no es una única persona (el único heredero, pej, el único hijo del causante) sino dos o más llamados a heredar. La pluralidad de cedentes cuestiona, a mi juicio, la viabilidad de dicho título formal inferior que es la instancia en documento privado, pues, al decir que renuncian a la herencia en favor de la madre, puede acontecer que realmente la estén aceptando tácita y encubiertamente, y con ello, adquieren, velis nolis, la cualidad de herederos (coherederos) del causante, la cual parece que no se transmite al donar sus derechos hereditarios abstractos a la madre, pues lo donado es sólo el contenido material -económico- de tales derechos, reteniendo, repito, lo quieran o no, la citada condición de herederos. ¿O resulta que sigue en pie, en dicho supuesto de varios cedentes, la excepción a la regla del título formal público que es la instancia privada del heredero único, dado que el sentido de la excepción es que no haya que practicar partición alguna de la herencia, al tener por único interesado al viudo?, ¿o, por el contrario, deja de operar la excepción ya que ha de interpretarse, como tal salvedad, restrictiva o, al menos, estrictamente, de suerte que el viudo precisará de escrituración notarial de la herencia, al haber más de un heredero?.

 En todo caso, incluso si la instancia valiese para registrar la adquisición herencial por cesionario único de varios derechos hereditarios abstractos, nos queda todavía el siguiente acto jurídico documentado cuando de falsa renuncia traslativa se trate: la donación a la madre, la cual, de ser inmobiliaria (lo es por definición pues hablamos de presentarla al Registro de la Propiedad, RP), exige necesariamente de la escrituración notarial del 633 Cc, so pena de nulidad absoluta, tanto si oferta y aceptación coinciden en la escritura de donación, como si hacen en documentos separados. Y repárese en que, al hacerse en documento privado la aceptación, no hay fehaciencia de que haya tenido lugar en vida del donante como exige el 633.2 Cc, a menos que la firma de la viuda esté legitimada notarialmente con testimonio fechado en los días del donante (art. 1227 Cc).

  Argumentando al absurdo, cual abogado del diablo: ¿por qué no ir hasta el fondo con el desafuero, y admitir para la inscripción de la donación inmobiliaria una mera instancia en documento privado no sólo para la aceptación, sino, ya puestos, también para la oferta de donación?. Esto de conculcar solo a medias el principio del art. 3 LHip, me recuerda el caso de alguien -no menciono sino el pecado- que defiende inmatricular por la vía del art. 205 LHip conformándose con que sólo uno de los dos necesarios títulos de adquisición sucesivos (distanciados un año el uno del otro) sea público, permitiendo -arbitrariamente- que el otro (ya sea el 1º, ya el 2º) sea mera instancia de inscribir adquisición hereditaria por heredero único.

 Me consta que alguna falsa renuncia traslativa se ha inscrito en un solo asiento, en tracto abreviado, sin calificar la escritura con el defecto de que no desgrana la dupla de negocios: aceptación más donación.

 Instancia privada, incluso para liquidar la comunidad postganancial:

 Una vez, en mi despacho, me topé con una de estas vidriosas escrituras de «renuncia» de los hijos a la herencia, testada o intestada, de su padre, en favor de la madre. Según la nota registral de la finca del caso, la madre tiene inscrito el piso -su domicilio habitual- por herencia por medio de instancia ulterior al RP. El caso es que indago y descubro que 1º, era postganancial el bien, 2º que el padre fallece bajo testamento, con institución de heredero a los hijos «renunciantes» y sustitución vulgar a descendientes incluso en caso de renuncia, y 3º, que, al morir el padre, los hijos ya tenían nietos (mayores de edad, eso sí), los cuales, sin embargo, nunca han ido a notario alguno para, también ellos, renunciar a la herencia del abuelo.

  La DGRN en R. de 4-5-2001 admite la instancia privada como título formal para inscribir en el RP la liquidación de la comunidad sobre un inmueble postganancial practicada, a la muerte del esposo, por la viuda por sí sola, adjudicándose a sí la totalidad del bien, una mitad por postganancial y la otra por herencia como heredera única, pese a que el Registrador -Fernando Trigo Portela, alabado sea- entendía que la liquidación de la comunidad postganancial no accede al Registro en virtud de documento privado. Y, en R. de 10-9-2018, admite la DG dicha instancia del heredero único -pensemos en el hijo único- de ambos esposos para inscribir la liquidación postganancial de una mitad indivisa del bien adjudicada a una de las herencias y la otra mitad a la otra herencia. Como único argumento, el Centro directivo en ambas RR se limita a aducir que, del art. 79 RHip, se desprende que, para exigir documento notarial, es necesario que haya más de un interesado llamado a la sucesión. El Registrador Antonio Manuel Oliva Izquierdo, en su antedicho artículo cita ambas RR, sin criticarlas, parece que dándolas por buenas (quien calla, otorga). Supongo que podría argüirse, en favor de dicha doctrina, el mismo razonamiento por el que la DG lleva más de un siglo legitimando al contador-partidor para liquidar, con el viudo, la comunidad postganancial: el de que tal liquidación es operación necesaria preparatoria para la partición de la herencia (en el caso del contador), y para la adquisición de la herencia (en caso del heredero único).

  Sin embargo, creo que, esta doctrina conculca indebidamente el principio general del art. 3 LHip de la titulación formal pública. El 79 RHip habla sólo del supuesto de un único interesado en la sucesión, que no en la liquidación ganancial, luego sólo debe servir para inscribir la adquisición por herencia de heredero único; ya dijimos que, como excepción a la regla general del art 3 LHip, el 79 RHip ha de interpretarse restrictiva o, al menos, estrictamente, pero nunca extensivamente. Y la DG, por el contrario, extiende a la liquidación postganancial la excepción prevista solo para la citada herencia. Se ningunea la escritura notarial que, en el supuesto de la citada R. de 2001, para dicha liquidación postganancial, debería haber otorgado la viuda para adjudicarse una mitad a sí y la otra a la herencia del esposo; y luego, la viuda podía haberse ahorrado, lícitamente, la escritura pública para adjudicarse la mitad indivisa hereditaria. Pensemos si, en lugar de un único inmueble, la comunidad postganancial la forman dos fincas, una rústica y otra urbana, y que, por razones fiscales (v.gr, por la plusvalía municipal), la viuda decide adjudicarse a su propia mitad postganancial la finca urbana (difiriendo así el pago de dicho tributo) y heredar la rústica. ¿De veras que también sería suficiente con el documento privado de la instancia a cada Registro de la propiedad para inscribir ambas adjudicaciones?.

  Pero es que, en el caso de mi despacho antes mencionado, de renuncia a la herencia en favor de otra persona, sospechosa -la renuncia- de falsedad, la vulneración del art. 3 LHip tiene lugar por partida doble: pues, la mitad indivisa postganancial se inscribe por mera instancia, pero también se inscribe por el mismo documento privado la mitad indivisa que la viuda adquiere no por herencia de su esposo sino por donación (encubierta y tácita) de sus hijos comunes, donación cuya oferta se formaliza en la escritura unilateral de los hijos «renunciando» en favor de la madre y cuya aceptación se formaliza en el documento privado de la instancia por la viuda (ya vimos que el art. 633 Cc exige que la forma notarial pública (otra escritura) para la validez de la aceptación de la donación inmobiliaria no hecha en la escritura de la oferta de donación).

  Lo que me encarga a mí la viuda del caso antedicho, no obstante, es tan solo hacer el acta notarial de fin de obra del piso que rezaba registralmente en construcción, por lo que invoco el art. 47 d) Real Decreto 1093/1997, por analogía: lo postganancial parece que puede funcionar como lo ganancial, así que basta un solo esposo para otorgar aquélla.

  Pero, si la intención de la viuda hubiese sido la de escriturar la venta del 100% de la finca que tuviese acordada con un comprador, me habría puesto en un brete mucho mayor. Al no haber aceptado la viuda la donación en forma (en escritura notarial, ad essentiam), la oferta de donación seguiría estando sin aceptar, por lo que, si siguiesen vivos todos los hijos renunciantes/donantes, y no hubiesen -ninguno- revocado su oferta, todavía hoy podría y habría de formalizarse la aceptación a la donación por parte de la viuda. O dar por no hecha la tentativa de donación, y que vinieran a covender, con la viuda (por su mitad), los sedicentes renunciantes (por la otra mitad), y entre ambos, la totalidad del inmueble. Y acaso sería, cuando menos, conveniente, hacer comparecer también a los nietos del causante llamados por la sustitución vulgar para caso de renuncia, al objeto de declarar que no se creen llamados por dicha disposición testamentaria. Menudo desaguisado.

  Renuncia traslativa onerosa:

  En un chat de notarios, se pone en común el caso de un heredero único (el único legitimario), que concurre con el legatario de un inmueble relicto: ambos acuerdan adjudicar dicho bien al heredero único, quien paga su valor al legatario, con dinero del heredero, y el cambio no estaba previsto por el testador en el testamento. Los compañeros del chat entienden que, estando todos los sucesores de acuerdo, viva la libertad (civil), siempre que el testador no lo haya prohibido; pero, sobre todo, coinciden en que el único problema aquí presente es el fiscal. Por mi parte, sostengo, en cambio, que hay problemas sustantivos también en juego.

  El legatario se convierte ipso iure en dueño del inmueble nada más morir el causante, y si luego «renuncia» al legado en su quale (que no en su quantum) y lo hace no pura y simplemente y gratuitamente sino a cambio de dinero, lo que está haciendo es contradecirse, al estar aceptando tácitamente el legado, renunciando a la facultad de repudiarlo, pues solo así, aceptando, le puede retransmitir el bien al heredero, lo que hace no como parte o embebido en el fenómeno sucesorio por causa de muerte, sino como negocio ulterior entre vivos de compraventa: le vende la finca al heredero, como se la podría haber vendido a un extraño a la sucesión. Si la renuncia hubiese sido gratuita (sin expresar la traslación al heredero único), y no existiese sustituto vulgar para el legatario en caso de repudiación, el llamado naturalmente habría sido el heredero (art. 888 Cc), por lo que habría habido verdadera renuncia, que no  aceptación, más donación.

 Y es que no cabe hacer una masa amorfa (proteica) de la sucesión, como si lo legado (legado de cosa específica y determinada, legado per vindicationen, no per damnationen) se integrase en la herencia propiamente dicha sin más (lo que solo sucede en caso de verdadera renuncia), como si el legado fuese de parte alícuota, con asignación por el testador del inmueble para pago, en disposición particional del testador en su testamento y sin existir sustitución vulgar para caso de renuncia. Aquí no hay, en efecto, partición alguna de la herencia, pues hay un solo heredero y el legatario de un inmueble, sino lo dicho: aceptación-adquisición del legado (mortis causa) y venta ulterior (entre vivos).

  Y por supuesto que ello con las consecuencias fiscales oportunas, pero también con las sustantivas: pej., si el legatario es menor de edad, sus padres pueden representarle por sí solos en la aceptación del legado, pero no en la venta, sin la autorización del juez del 166 Cc, y sin que valga aquí meterlo todo (totum revolutum) en el saco de la escritura de herencia, pretendiendo prescindir de toda intervención judicial, aduciendo el 1060 Cc que exime de aprobación a la partición hecha por los padres in potestate.

A 12 de noviembre de 2026.

Notario de Algete, Luis Fernando Muñoz de Dios Sáez.

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